NOTA DE PRENSA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS EDUS@S CONTRA EL ANTEPROYECTO DE LEY

EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES Y LOS COLEGIOS Y ASOCIACIONES AUTONÓMICAS EN CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES

CGCEES

Ante la aprobación en el último Consejo de Ministros del día 2 de Agosto de 2013, del Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, el CGCEES manifiesta su más firme desaprobación y así lo ha hecho llegar a este Ministerio, presentando las Alegaciones pertinentes. Esta disconformidad se basa, además de los aspectos más particulares de muchos de sus articulados, en que este Anteproyecto:

* INDICA UN ALTO DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS PROFESIONES SOCIALES Y NUESTROS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

* ETIQUETA Y JERARQUIZA DE FORMA IMPLÍCITA LAS PROFESIONES, DEJANDO MARCADAS CLARAMENTE LAS PROFESIONES QUE CONSIDERAN DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, RELEGANDO A LA EDUCACIÓN SOCIAL A UNA TERCERA
CATEGORÍA.

* SEGÚN ESTE ANTEPROYECTO, LAS TITULACIÓN UNIVERSITARIA DE NUESTRA PROFESIÓN, NO SERÁ REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA EJERCERLA, SIN TENER EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE ESTO CONLLEVA PARA PROFESIONALES Y USUARIAS/OS.

* ESTE ANTEPROYECTO, NO VELA POR LA PROTECCIÓN DE TODAS/OS LAS/OS USUARIAS/OS, YA QUE MUCHOS DE LOS
COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJAMOS, LA MAYORÍA EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y PARA LOS CUALES SOMOS SUS REFERENTES
PROFESIONALES, CONTARÁN TAN SOLO CON LA VÍA JUDICIAL Y EL COSTO Y/O INVIABILIDAD QUE ELLO CONLLEVA.

Desde el CGCEES entendemos que hay suficientes razones de interés general, necesidades de protección de las personas y colectivos en riesgo de exclusión social, el propio interés de las/os usuarias/os de los servicios, que determinan la necesidad de que nuestra profesión cuente con una reserva de actividad clara y por ende con una implícita colegiación.

ARGUMENTARIO

Y hacemos un llamamiento a Instituciones y Entidades profesionales, formativas, gubernamentales, gestoras, etc., y, en general, a la sociedad, a tomar un papel proactivo en el reconocimiento de la calidad en el desarrollo profesional de las y los Educadoras/es Sociales en nuestro Estado y en la lucha para que no sea aprobado el Anteproyecto de Ley.

El Anteproyecto adolece de muchas cuestiones relativas al ejercicio profesional y a la importancia de los colegios profesionales, en general, pero especialmente de la profesión ejercida por educadoras y educadores sociales:

1. No se prevé que ninguna profesión del ámbito ni social ni educativo tenga colegiación obligatoria. La colegiación supone un justificado control del ejercicio profesional en materias tan sensibles como es la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, extremo que ya se tenía presente en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y que el anteproyecto ha eliminado.

2. La profesión de educadores y educadoras sociales comporta la intervención directa en colectivos en riesgo de exclusión social y en general en procesos educativos donde se requiere un exhaustivo control mediante un código deontológico específico. Carencias en dicho control, deficiencias en la formación profesional relacionadas con la intervención educativa y social o la indefinición de funciones puede provocar una atención incorrecta o negligente a las personas y, consecuentemente, situaciones graves de indefensión. Sólo se puede garantizar dicho control a través de la obligación de colegiación.

3. Aunque el Anteproyecto de Ley se diseña con el objetivo de velar por el interés de usuarios y consumidores, el CGCEES considera que por el contrario este anteproyecto deja en situación de desprotección al usuario del servicio, reduciendo a la vía judicial la resolución de posibles conflictos entre usuario y profesional.

4. De la lectura del anteproyecto surge la duda de cómo un colegio de adscripción voluntaria podrá ejercer la tutela y poder asegurar que los profesionales cumplan sus obligaciones recogidas en esta Ley. Esta situación genera un vacío normativo que pone en riesgo el interés general, dejando en desprotección a los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de educación social.

5. Habla el anteproyecto en varios momentos de las “razones de interés general” y los “principios de proporcionalidad y no discriminación” que no define en ninguno de los artículos.

6. Para ejercer una profesión el Anteproyecto establece que se debe: poseer un determinado nivel académico o educativo, poseer un título de formación profesional, poseer un certificado de profesionalidad expedido por Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o una cualificación profesional incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, haber superado una formación o un examen teórico y/o práctico sobre unos contenidos mínimos ante la autoridad competente, o poseer una certificación otorgada por una entidad acreditada para la certificación de personas, pero no establece las garantías de profesionalidad en los servicios para usuarios y consumidores.

7. Hay un proceso de liberalización de las comunicaciones comerciales de servicios profesionales sin que se limite o regule de forma clara las comunicaciones comerciales para evitar la publicidad engañosa y/o la
competencia desleal.

8. No se define en ningún momento qué organismo será el responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones profesionales en profesiones sin colegiación obligatoria.

9. No regula específicamente ni las obligaciones ni los derechos de los colegios de adscripción voluntaria, dejando dichas corporaciones en un vacío legal muy importante.

10. El anteproyecto de ley confunde y mezcla la naturaleza de los estatutos generales del Consejo cuando establece: ”El Código deontológico formará parte de los Estatutos Generales del Consejo General”. Es preciso aclarar que el Código deontológico es un compendio de normas deontológicas para su cumplimiento por parte de los y las profesionales. Mientras que los estatutos se refieren a la forma de organizar y regular un conjunto de organizaciones colegiales. De igual forma, entendemos que lo deontológico no tendría que estar en el ámbito competencial de los órganos de gobierno colegiales ni del Consejo, argumentando que las comisiones deontológicas no deben tener ningún tipo de influencia por parte de los órganos de gobierno colegiales.

11. Finalmente, deja poco margen de regulación a las CCAA, que son las que actualmente tienen las competencias.

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