PIN pan pun y otras formas de pervertir la educación...

Enero de 2020. Estrenamos año. Estrenamos propósitos. Estrenamos Gobierno y también estrenamos odios, rencillas y diferencias al parecer cada vez más irreconciliables. Corrijo, más bien, desenterramos, odios, diferencias y posturas antagónicas. Parece que nos hemos cansado de la antigua y alabada frase “ni izquierda ni derecha”, y hemos entrado de golpe en la división absoluta entre lo que es de izquierdas y lo que es de derechas. Y como en todo conflicto, cuando el valor es tirarle mierda al de enfrente, nos valemos de lo menos protegido, sin reparar en las consecuencias que esto pueda tener a largo plazo. Así, una vez más, utilizamos a la infancia como valor de agresión política y llenamos las propagandas electorales con la destrucción de derechos sociales y educativos. El pin parental ha irrumpido con fuerza represora en el sistema, valiéndose en cambio, de una falsa libertad y preocupación pedagógica que no hace más, que trasladarnos 60 años atrás. ¿Qué buscan? ¿Igual buscan reformar el sistema educativo desde una perspectiva pedagógica clara, que cimente la base educativa española, con la ayuda de un comité de expertos en la materia? O como siempre, solo quieren llamar mucho la atención buscando el voto fácil de un público desconocedor de la realidad educativa. Además como ya he dicho antes, tenemos el contexto social y político ideal para que una pequeña mecha encendida en el Parlamento murciano se propague rápidamente por todo el territorio español, abriendo un debate equivocado. Por todo esto, un miércoles de Enero, nos encontramos apasionados hilos en Twitter sobre las ventajas o desventajas de instaurar el pin parental. Otra vez volvemos a jugar políticamente con la educación y por ende, con la infancia, recortando y limitando derechos, valores y conocimientos, basándose en un muy mal entendido artículo 27.3 de la Constitución. Dicho artículo expresa la libertad de los progenitores de poder elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por lo tanto, Vox afirma que es obligación de los padres del alumnado conocer y autorizar, de forma previa y expresa, la participación de sus hijos e hijas en cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar. Sobre todo aquellas que tengan una carga moral importante, tales como charlas y talleres específicamente centrados en diversidad afectivo-sexual e igualdad de género. En resumidas cuentas, yo como padre o madre puedo negar la asistencia de mi hijo o hija a una formación porque mi moral no se ajusta a la temática que se va impartir. Esta última afirmación, que deja ojiplática a toda la comunidad pedagógica española, ha calado enérgicamente en una parte de la sociedad. Pero no se trata más que de un argumento facilón, desprovisto de lógica y criterio pedagógico, en el que existen varios errores de fondo: – El primero, tu hijo, además de ser tu hijo, cuando nace lleva consigo una serie de derechos adscritos a diversas declaraciones y leyes, por el hecho de ser menor y ciudadano español. Existen cosas que como padres no podemos hacer aunque queramos porque van en contra de estos derechos, por ejemplo: no puedo poner a mi hijo de 8 años a trabajar en la mina, ya que la Declaración de los derechos de la Infancia en su principio sexto me lo prohíbe: “No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada”. De igual modo la Constitución en su artículo 27.2 expresa que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Siento puntualizar que en el 2020, los derechos del colectivo LGTBIQ+ están más que legitimados, pues el hecho de amar a la persona de tu elección es un derecho individual fundamental que está reconocido en España. Por eso, aunque no te guste, mi deber como educadora es proporcionarle a tu hijo esa formación. – Además...