Son gajes del oficio. Sí, parece que un importante porcentaje de compañeras y compañeros de la intervención social interpreta la posibilidad de ser agredidos en el desempeño de su labor como un hecho consustancial al ejercicio profesional. Que es normal que, trabajando con personas en determinados contextos o situaciones, un educador o educadora social se pueda comer una galleta o tenga que aguantar insultos o vejaciones.
Sí. Seguramente, tras leer esto, a muchos os parecerá algo inaudito pero es la realidad. O eso pone de manifiesto los datos que están recogiendo desde el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales del País Vasco a partir de las investigaciones que entidades como IRSE Alava o APNABI están llevando a cabo para tratar de analizar el fenómeno de las agresiones a profesionales en el marco laboral.
Gajes del oficio. No sé. Puede ser. Es decir, es evidente que somos un gremio al que le toca trabajar con material muy sensible, al que le toca lidiar con situaciones realmente conflictivas (retiradas de custodias, expulsiones de centros, etc…) y con personas que, por el momento que pueden atravesar o derivado de diversas problemáticas, no tienen la capacidad de autocontrol o de afrontar esos conflictos de una forma no violenta. Soy consciente además de que aún portamos en nuestro ADN profesional una especie de halo, vinculado con el asistencialismo, que nos lleva a comprender y a veces incluso a justificar este tipo de episodios.
Ante esto, ¿qué se puede hacer?, ¿qué puede hacer el o la profesional agredida?, ¿qué (se) puede hacer (con) la persona agresora?, ¿cómo tiene que responder el equipo de trabajo?, ¿qué pueden hacer las empresas o administraciones para las que trabajamos?, ¿y los Colegios profesionales?, ¿qué dice sobre esto la legislación en materia de riesgos laborales?, ¿se pueden prevenir estos comportamientos?, ¿cómo se deben tratar estos sucesos a posterior?, ¿hay que ocultarlos, explicarlos?
Un montón de preguntas para las que, a buen seguro, podemos imaginarnos un montón de respuestas, a saber: arropar a la víctima, elaborar un protocolo que articule las formas de actuación ante una situación así, no asumir la agresión como algo normal, reforzar los derechos de los y las educadoras sociales, responder a la misma desde lo educativo, etc… Algunas respuestas que, sin embargo, me devienen en otra pregunta que, por otra parte, es casi casi la que más preocupa: ¿se están poniendo en práctica algunas de estas prácticas?
Quiero pensar que sí, que, en mayor o menor medida, se analiza o se piensa en cómo prevenir para que no ocurran este tipo de hechos, que se protege a la persona agredida… Pero también es cierto que no conozco protocolos en este sentido; también es cierto que los recortes han contribuido a que se aumenten los ratios de atención y que, por tanto, crezcan las posibilidades de que se den episodios violentos; también es cierto que siempre escucho hablar más de nuestras obligaciones profesionales y más bien poco de nuestros derechos…
De hecho, creo que es un tema, el de las agresiones a los y las Educadoras Sociales, que no se ha tocado nunca en exceso, que no se ha analizado como se merece y que, sin embargo, por todo el malestar que origina a los profesionales, a las organizaciones y a los propios educandos, requiere de una mayor implicación por parte de todos los agentes que estamos en esto de la intervención socioeducativa.
Por ello, nos gustaría animar desde aquí a las y los compañeros del CEESPV a que continúen con la labor que están llevando a cabo y, por nuestra parte, con la vocación de echarles un cable en dicho cometido, pedimos a nuestra querida audiencia sus opiniones al respecto: ¿y a vosotros y vosotras: vuestros educandos os pegan lo normal?, ¿son gajes del oficio?